El Supremo traslada a Fiscalía la querella por la amnistía

El Tribunal Supremo ha trasladado a la Fiscalía la querella por prevaricación judicial presentada por el sindicato Manos Limpias contra seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que votaron a favor de la Ley de Amnistía.  La denuncia sostiene que dichos jueces dictaron una resolución "manifiestamente injusta" al avalar la norma que excusa delitos de malversación cometidos en el contexto del 'procés'. La Fiscalía deberá ahora decidir si asume la competencia del alto tribunal y si existen indicios suficientes de delito.  Manos Limpias argumenta -concretamente- que los magistrados progresistas actuaron con "apartamiento del principio de legalidad", al interpretar la ley de forma "objetivamente insostenible". El juez del caso Montoro rechaza la personación de Rato, Monedero y otros El juez del caso Montoro rechaza la personación de varias personalidades públicas que le atribuían al ex-ministro de Hacienda un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado considera que no existe delito en la obtención por parte del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro de información fiscal confidencial sobre políticos y periodistas.  Según recoge el informe, Cristóbal Montoro obtuvo a través de su jefe de gabinete (Felipe Martínez Rico) datos de la Agencia Tributaria. Estos datos eran sobre figuras como: Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero, Javier Tebas y el periodista Javier Chicote.  Los afectados intentaron personarse como perjudicados, pero el juez rechazó sus solicitudes argumentando que, como superior de la AEAT. Montoro estaba autorizado para acceder a esa información. Y que los correos no salieron del ámbito del Ministerio, por lo que no hubo revelación de secretos. La investigación sobre Cristóbal Montoro se centra en posibles delitos relacionados con pagos de diferentes empresas al despacho Equipo Económico. Fundado por Montoro, con el objetivo de influir en decisiones fiscales del ministerio. A pesar de la gravedad de los correos. El juez concluye que no hay conducta penalmente relevante, aunque sí permitió al PSOE personarse como acusación popular en la causa.